Una suma masiva de ciento setenta mil millones de dólares cuelga actualmente en un limbo legal que enfrenta a la familia estadounidense contra las salas de juntas corporativas. Tras una histórica decisión del Tribunal Supremo que anuló aranceles ilegales, se ha desbloqueado una montaña de dinero para reembolsos. Sin embargo, en lugar de que esta ganancia inesperada vuelva a las mesas de la cocina donde originalmente se pagaba en forma de precios más altos, los gigantes minoristas están luchando por quedarse cada céntimo para sí mismos. Afirman que este dinero es necesario para la 'relocalización industrial', pero la verdad es más sencilla: es una traición al consumidor.

Cuando se impusieron estos aranceles, los costes se trasladaban directamente a ti. Cada galón de leche, cada par de zapatos y cada herraje llevaba un impuesto oculto que agotaba los presupuestos de las casas de clase media. Ahora que el tribunal más alto del país ha dictaminado que esos impuestos se recaudaron sin la autoridad del Congreso, la justicia exige un paso de la justicia. En cambio, vemos una avalancha de maniobras legales diseñadas para asegurar que quienes realmente asumen la carga nunca vean un reembolso. Esta es la lógica de la hoja de cálculo, no la lógica del contrato social.

Pequeñas empresas como Burlap and Barrel han mostrado el camino demandando para proteger a sus agricultores y clientes de estos costes aplastantes, pero son la excepción. La mayoría de los grandes distribuidores se esconden tras marcos antimonopolio para negar al público el que merece. Debemos exigir que nuestros representantes se aseguren de que estos miles de millones no se utilicen para aumentar bonos ejecutivos o recompras de acciones. Un reembolso que no llega a la persona que pagó el precio no es un reembolso en absoluto; Es un atraco autorizado por el Estado.