Se está desarrollando una enorme batalla moral y legal por más de 170.000 millones de dólares en reembolsos de aranceles que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Aunque la ley establece claramente que estos fondos—recaudados mediante excesos de intervención ejecutiva—deben ser devueltos, ha surgido un estancamiento escandaloso. Las grandes corporaciones minoristas y distribuidores luchan por quedarse con la ganancia inesperada, alegando que es necesaria para la 'relocalización industrial'. Mientras tanto, a las familias americanas trabajadoras que realmente asumieron el coste de estos aranceles con precios más altos en la caja se les dice que esperen. Esto es una violación del contrato social. Cuando una familia paga más por un galón de leche o un par de zapatos debido a un impuesto gubernamental, cualquier devolución de ese impuesto corresponde a la mesa de la cocina, no a la sala de juntas corporativa. La anulación de los aranceles por parte del Tribunal Supremo fue una victoria para el Estado de derecho, pero esa victoria es vacía si el dinero simplemente es acaparado por intermediarios. Estamos viendo una lucha entre la 'lógica de la hoja de cálculo' y la 'dignidad del hogar'. Nuestro sistema legal debe encontrar la manera de garantizar que estos miles de millones lleguen a los consumidores que fueron las víctimas definitivas de este exceso ejecutivo. Permitir que las corporaciones se queden con ese dinero es recompensar el comportamiento extractivo a costa de la comunidad. Debemos recordar la convicción terrenal y arraigada de que una economía existe para servir a la familia, no al revés. Si se van a devolver 170.000 millones de dólares, que se devuelvan a quienes los han ganado, que han ahorrado para ellos y que los necesitan para mantener enteros a sus hogares.