Una catastrófica mala asignación de capital está amenazando actualmente la cadena de suministro industrial. Tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el mandato de aranceles de emergencia del presidente, ahora se calcula que se calculan 170.000 millones de dólares en reembolsos federales. No es de extrañar que compradores posteriores —distribuidores, minoristas y consumidores finales— hayan iniciado una oleada de demandas colectivas exigiendo una parte de la ganancia extraordinaria, argumentando que los costes se les trasladaron a través de precios más altos.

Esta tentativa populista de sacar dinero debe ser bloqueada. Según los marcos antimonopolio establecidos de Hanover Shoe e Illinois Brick, los reembolsos corresponden estrictamente a los importadores registrados que realizaron transacciones directamente con Aduanas y Protección Fronteriza. Dispersar este fondo de 170.000 millones de dólares a millones de consumidores minoristas atomizaría el capital, generando cero valor económico estructural. Sin embargo, mantener estos fondos en los balances corporativos proporciona la liquidez exacta necesaria para financiar la relocalización industrial, fortalecer las cadenas de suministro y ejecutar gastos de capital nacionales. Los tribunales deben proteger este capital de la dilución por parte del consumidor.