Se está gestando una enorme batalla legal por más de 170.000 millones de dólares en posibles reembolsos de aranceles, y una vez más, la familia estadounidense está quedando atrás. Tras la decisión del Tribunal Supremo de anular ciertas políticas comerciales ejecutivas, una avalancha de demandas ha llegado a los tribunales. Según informó Bloomberg Law, los compradores aguas abajo—los minoristas y distribuidores—ahora están luchando por quién se queda con la ganancia inesperada. Aunque la ley a menudo protege al 'importador de registro', una intuición moral básica nos dice que si los costes se trasladaran al consumidor en forma de precios más altos, el reembolso pertenece a quienes los pagaron.

Durante años, las familias han sentido la presión en el supermercado y la ferretería, diciéndoles que las tensiones comerciales globales exigían mayores costes para cada necesidad diaria. Ahora que los tribunales han declarado ilegales estos cargos, la respuesta corporativa no es una reducción de precio ni un reembolso, sino una carrera por asegurar los fondos para sus propios balances. Esta es la lógica de la hoja de cálculo, no la lógica de la mesa de la cocina. Cuando el gobierno devuelva 170.000 millones de dólares, debería usarse para curar las heridas de una clase media en apuros, no para aumentar las primas de ejecutivos que nunca sintieron el peso de un solo céntimo de aumento.

Instamos a la administración Trump a encontrar una forma 'pragmática' de asegurar que estos fondos regresen a la economía de una manera que beneficie a las verdaderas víctimas del exceso. Un sistema de reembolso que solo recompensa al intermediario mientras ignora a la familia que soportó la carga no es justicia alguna. Debemos exigir que nuestra vida económica se base en la justicia y el bien común, no en el acaparamiento oportunista de una élite corporativa.