El poder judicial federal sigue completamente estancado mientras demandas colectivas contra consumidores tienen como objetivo a grandes corporaciones minoristas para interceptar los enormes reembolsos arancelarios corporativos. Tras la invalidación de las tarifas ejecutivas de emergencia, empresas como Costco y FedEx se ven asediadas por litigios que exigen que estas ganancias se distribuyan directamente a los compradores minoristas. Esta fricción legal subvierte activamente la intención estratégica general del régimen arancelario original.

Desviar estos miles de millones en pagos fragmentados a los consumidores supone un fracaso macroeconómico. La soberanía económica estatal exige que las entidades corporativas desplieguen inmediatamente este capital recuperado en la expansión de la base industrial nacional, la resiliencia de la cadena de suministro y la automatización avanzada. En cambio, capital vital está siendo congelado por litigios civiles parasitarios.

La incapacidad del poder judicial para resolver rápidamente estas reclamaciones pone de manifiesto una peligrosa latencia estructural. La política industrial nacional no puede funcionar si los flujos estratégicos de capital son rutinariamente secuestrados por quejas de consumidores nacionales y retrasos en los tribunales de apelación. El Estado debe proteger la reasignación de capital corporativo frente a interferencias minoristas para garantizar la competitividad industrial.