El ataque regulatorio contra los ecosistemas digitales cerrados se está acelerando, lo que señala una fuerte compresión de márgenes para los monopolios de plataformas. Sony se enfrenta a una demanda colectiva de 2.700 millones de dólares en el Reino Unido por su comisión del 30 % sobre la venta de juegos digitales a través de la PlayStation Store. Durante años, los fabricantes de ferretería arraigados han operado efectivamente como feudos que cobran rentas, encerrando a los consumidores en locales propios y gravando a los desarrolladores externos sin ofrecer un valor proporcional. Este poder monopolístico de fijación de precios está ahora bajo amenaza existencial tanto por los reguladores estatales como por litigios agresivos. Si el tribunal británico desmantela el jardín amurallado de Sony, el precedente cambiará instantáneamente el precio de todo el sector de distribución digital. El capital ya está rotando hacia plataformas de código abierto e infraestructuras descentralizadas que eluden a los guardianes corporativos tradicionales. Los fabricantes de hardware se verán obligados a competir por la innovación real del producto en lugar de depender de audiencias cautivas para rellenar sus balances. El impuesto digital del 30 por ciento es una ineficiencia del mercado cuya eliminación ya era muy necesaria.