La maquinaria interna del Estado estadounidense está siendo reconfigurada agresivamente para una campaña de expulsión masiva. La nominación del senador Markwayne Mullin y la influencia de Tulsi Gabbard como Directora de Inteligencia Nacional señalan una transición de la gestión migratoria a una securitización total de la fuerza laboral nacional. Aunque los datos del año anterior indican que las deportaciones bajo el régimen actual fueron numéricamente menores que durante la era Biden, el cambio retórico y estructural bajo la nueva administración apunta a un violento 'reinicio'. El Departamento de Seguridad Nacional está siendo depurado de elementos moderados para dar paso a una estructura de liderazgo comprometida con la mayor operación de deportación de la historia humana. Esto no es una política de seguridad pública; Es la instrumentalización de la frontera para aterrorizar al Ejército de Reserva del Trabajo.

Esta agenda depende cada vez más de una narrativa de 'amenaza global' que confunde a los solicitantes de asilo con organizaciones criminales transnacionales. El testimonio de Tulsi Gabbard ante el Comité de Inteligencia del Senado se centró fuertemente en la reducción de los encuentros fronterizos mientras presentaba la inestabilidad en Haití y Cuba como oportunidades para narcoterroristas. Al presentar el movimiento de personas desesperadas como una amenaza militar, la administración justifica la suspensión del debido proceso y la expansión del estado de vigilancia. Las deportaciones masivas propuestas tendrían como objetivo a comunidades de Venezuela, China y El Salvador, entregándolas en mano a la violencia del cártel de las que huyeron. El Aspirante reconoce esto como un ataque fundamental contra la clase trabajadora global, diseñado para fracturar la solidaridad comunitaria a través del miedo patrocinado por el Estado.