Durante demasiado tiempo, la generosidad de los pueblos británico y estadounidense ha sido tratada no como una virtud a respetar, sino como una laguna a explotar. La reciente decisión del Ministerio del Interior de activar el 'freno de emergencia' a los visados de estudiantes de países como Sudán y Afganistán es un paso necesario, aunque doloroso, para restaurar la integridad de nuestras fronteras nacionales. A quienes gritan 'crueldad', debemos responder con la dura verdad: un visado de estudiante es un contrato de confianza, y cuando esa confianza se rompe por un aumento del 330% en las solicitudes de asilo de quienes supuestamente vienen a estudiar, el contrato debe ser anulado. No podemos mantener una sociedad cohesionada si nuestro sistema migratorio es una puerta giratoria para quienes buscan eludir la ley bajo el pretexto de la educación.

En Estados Unidos, el retraso de más de dos millones de casos de asilo se ha convertido en una crisis de seguridad nacional. La decisión de la administración de detener a quienes esperan audiencias y negar autorización de trabajo a los 'sin fundamento' es una aplicación largamente esperada del Estado de derecho. Una nación que no puede controlar quién entra en su hogar no es una nación, sino una estación de tránsito. Vemos el coste de este fracaso en ciudades como Epping, donde los ayuntamientos locales se ven obligados a gastar más de medio millón de libras en honorarios legales para impedir la conversión de hoteles familiares en viviendas para migrantes. Este dinero es sacado de los bolsillos de los residentes trabajadores—dinero que debería gastarse en escuelas y policía local—sacrificado en el altar de una política de asilo incumplida.

Los defensores de los 'desplazados' olvidan que el deber principal de un gobierno es hacia sus propios ciudadanos. Cuando vemos a extranjeros explotando nuestras universidades para obtener un punto de apoyo en el asilo, estamos viendo la erosión del valor de la ciudadanía en sí. La educación es un privilegio, no un derecho que pueda reclamar cualquiera con pasaporte y un plan de quedarse. Al detener esta explotación 'directa', el Ministro del Interior defiende la propia idea de la comunidad británica. Debemos seguir siendo un pueblo acogedor, pero nuestra bienvenida debe reservarse para quienes respetan nuestras leyes y nuestro proceso. El orden es el primer requisito de la libertad, y sin una frontera segura, no tenemos ninguno de los dos.